Con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra hoy 10 de diciembre, desde Adiem nos sumamos a la campaña de SALUD MENTAL ESPAÑA #DerechoANuestrosDerechos, que este año se centra en las vulneraciones de derechos que sufren las personas con problemas de salud mental en el ámbito sociosanitario.
La campaña, que cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, consta de un vídeo en el que se explica cuáles son las principales vulneraciones en este ámbito y se reivindican la libertad de decisión y de participación como derechos inalienables en salud mental. La falta de información, el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud y el tratamiento, la falta de alternativas terapéuticas o de acceso a recursos, la importancia de la Planificación Anticipada de Decisiones (PAD) o la falta de credibilidad en el relato de las personas con problemas de salud mental, son las temáticas abordadas en esta campaña.
El derecho a tomar decisiones y planificar la atención
En el vídeo, se insta a las personas a no normalizar la vulneración de derechos que sufren habitualmente y a conocerlos para poder reivindicarlos. En el ámbito de la salud mental, todas las personas tienen derecho a recibir una atención sociosanitaria basada en la información, el consentimiento libre e informado, la autonomía y la participación. De hecho, uno de los principios generales sobre los que se articula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Las personas con problemas de salud mental tienen derecho a tener información sobre su diagnóstico y a participar en la toma de decisiones en todas las etapas de su proceso de recuperación.
Sin embargo, la realidad es muy distinta: el 30% de quienes tienen un diagnóstico en salud mental considera que, en alguna ocasión, se ha vulnerado su autonomía o poder de toma de decisión y el 59,8% considera que no ha participado activamente en el diseño de su programa de atención. Menos de un 7% participa en un Plan Individualizado de Atención, y solo un 8,2% participa activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento farmacológico. Muy frecuentemente, las personas con problemas de salud mental son invisibilizadas debido a los estereotipos y prejuicios que recaen sobre ellas, así como a la falta de medios.
Esta ausencia de participación es aún más flagrante en el contexto de una crisis. En esta situación, el derecho a decidir se articula a través de la Planificación Anticipada de Decisiones (PAD), una herramienta recogida en los artículos 3 y 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que muchas personas que tienen derecho a ella no conocen. Según explica Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA, la PAD permite a la persona determinar “cómo quiere, llegado el caso, ser atendida a nivel sanitario cuando se encuentre en una circunstancia en la que no pueda manifestar su voluntad personalmente y hacerlo en un documento que cuente con todas las garantías para que sea válido y eficaz en el contexto de un modelo de relación asistencial basado en la dignidad, autonomía e independencia de la persona, que favorezca el diálogo con los y las profesionales”.
La asesora jurídica de la Confederación asegura que es urgente “un cambio del modelo de atención a la salud mental para que esa expresa anticipación de la voluntad sea vinculante en la práctica para los y las profesionales responsables de tomar decisiones sanitarias. Ese modelo ha de ser, por tanto, un modelo de decisiones compartidas, solo posible desde un enfoque comunitario, humanista y de derechos humanos”. Muñoz reconoce que existen obstáculos para llevar este derecho a la práctica: “Está claro que el desarrollo legislativo ha ido por delante de la realidad sociológica y una de las principales barreras a las que se habrá de hacer frente para que la PAD en salud mental sea una realidad es la del estigma, que contribuye a la pervivencia de patrones de conducta todavía propios de un sistema médico o rehabilitador”, asegura.
Adiem sigue trabajando día a día para garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental
Ninguna persona debería verse privada de sus derechos humanos o excluidos de las decisiones sobre su propia salud por padecer un problema de salud mental. No obstante, las personas con problemas de salud mental siguen viendo limitados sus derechos humanos de distintas formas. Un buen número son discriminadas y excluidas de la vida en común, mientras que muchas más no disponen de los servicios de salud mental que necesitan o reciben una atención que no respeta sus derechos humanos.
El trabajo que se realiza día a día en Adiem es el de mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, a través de diferentes servicios y recursos para acompañar a las personas a construir su proyecto de vida porque nuestro propósito es conseguir el máximo bienestar e independería de las personas con problemas de salud mental en su hogar y entorno. Desde Adiem queremos garantizar que la salud mental sea un derecho humano que forme parte del derecho de todas las personas a una salud íntegra.