Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, que se celebra el próximo jueves 1 de mayo, Fundación Adiem se suma a la campaña de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA que lanza una nueva edición de la campaña #EmplearSinBarreras, en la que difunde una serie de materiales con el objetivo de visibilizar los derechos que se ven vulnerados al no tener acceso a un empleo, una situación que viven de forma especialmente frecuente las personas con problemas de salud mental. Se trata de una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Las personas con problemas de salud mental sufren una gran discriminación en el acceso al empleo. Los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la tasa de actividad de las personas con discapacidad psicosocial es la más baja de todas las discapacidades (27,4%, frente al 35,5%, que es la media de todas las discapacidades), y está muy por debajo de la de las personas sin discapacidad (78,5%). Además, las personas con discapacidad psicosocial tienen la menor tasa de empleo, del 19%, casi diez puntos menos que la del conjunto de personas con discapacidad.
A esto se suman las barreras al empleo, como el estigma que existe en la sociedad y en las propias empresas, manifiesto a la hora de contratar a personas con problemas de salud mental u ofrecerles los apoyos necesarios para su desempeño profesional. Además, tal como recoge el décimo informe ‘La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral’, elaborado por el Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España (ODISMET) de la Fundación ONCE, la precariedad laboral y los bajos sueldos (brecha salarial) forman parte de esta problemática. Según el estudio, en referencia a los salarios “hay que hablar de ‘involución’”, ya que “la brecha salarial entre la población con y sin discapacidad ha crecido un 7,2%”. Es un contraste cuyas consecuencias van mucho más allá de la ausencia de una forma de sustento.
No acceder a un trabajo implica un bloqueo a otros derechos, que resultan vulnerados. Tal es el caso del derecho a la vivienda, la autonomía o vida independiente, la gestión de la propia economía y de los recursos personales, la participación social, la igualdad, la cultura y el ocio. Esto supone también un impacto en el derecho a la protección de la salud, establecido como un derecho de carácter universal, condicionado -en la práctica- a tener un empleo remunerado. En definitiva, tener acceso a un trabajo digno promueve la inclusión, el ejercicio de la ciudadanía plena y la participación de las personas con discapacidad psicosocial en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural.
Testimonios en primera persona
Jonathan Yuste Carrasco integra el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA y es socio de la Federación Salud Mental Región de Murcia. Tiene 36 años, comparte que vive en casa de su madre y tiene reconocido un 47% de discapacidad. Define que “hay personas que están a la cola de los derechos, y tener una discapacidad reconocida por debajo del 65%, por la falta de prestaciones económicas, nos deja más, si cabe, a la cola de las dificultades, dentro de las ya conocidas”, en el marco de lo que ocurre al tener un problema de salud mental.
Por su parte, María Isabel García Peña es integrante de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA y activista de Salud Mental Euskadi. García plantea que “la falta de empleo puede limitar a la persona en su proyecto de vida, impactando en muchos de sus derechos”. Analiza que, en efecto, dicha carencia “puede resultar discapacitante, sobre todo, cuando afecta significativamente a la capacidad de una persona para llevar una vida plena y autónoma”. En este marco, asegura que “el empleo no solo proporciona ingresos, sino también bienestar social, autoestima y oportunidades de desarrollo”, mientras que “el desempleo puede generar estrés, ansiedad y depresión”.
Yuste profundiza esta línea. Refiere que “muy en boga entre la gente está el tener un proyecto de vida, pero ¿a qué precio? Me cansé, hace tiempo, de escuchar las incansables promesas irradiadas, y aunque sigo adelante, la realidad es que, cuanto más tienes, más eres dentro de la sociedad”. Ejemplifica su punto con la evidencia cotidiana: “¿Cómo voy a independizarme, si no hay parque inmobiliario accesible y público?; ¿cómo voy a trabajar, si no hay un mínimo por ley en las empresas para personas con discapacidad?; ¿cómo voy a tener una vida independiente, si estoy sujeto a las posibilidades de mi entorno?; ¿cómo conseguir igualdad de contexto, si la meritocracia es un bulo demasiado férreo?; ¿cómo va a dejar de existir la estigmatización, cuando la sinceridad está en peligro de extinción?”.
García asegura que el desempeño de una actividad laboral, “además de proporcionar la oportunidad de desarrollar una conducta social, se convierte en una de las maneras de seguir sintiendo que se es útil a la sociedad, formando parte de ella”.
La importancia de revertir el enfoque capacitista
Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, hace referencia al artículo 27 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Señala que “el derecho de estas personas a trabajar incluye tener la oportunidad de ganarse la vida, en igualdad de condiciones con las demás, mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles”. En este marco, Muñoz afirma que, “a fin de que ese derecho no se convierta en ‘papel mojado’ para estas personas, se les ha de dar esa oportunidad de trabajar”.
La asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación parte de que “el trabajo es, con sus pros y sus contras, una plataforma imprescindible para desarrollar el propio proyecto de vida”. Mientras que sopesa que “maximizar la rentabilidad, poco menos que nos reduce a la condición de ‘piezas de un sistema’, en el que prima la productividad, aun a costa de que, en ese proceso, las mentes y los cuerpos se quiebren”.
Muñoz advierte que, en este contexto, se da la paradoja de que “proliferan sistemas, muchas veces, generadores de problemas de salud mental y, en consecuencia, reacios a incorporar a personas que ya tengan esos problemas”. Evidencia que, “en estas circunstancias, ya se sabe, si se rompe la ‘pieza’, se sustituye por otra”. Su análisis exhibe que, mientras se acepta “lo inaceptable”, se asumen “irremediables realidades sobre las que, simplemente, no nos hemos detenido a pensar, lo cual perpetúa un enfoque esencialmente capacitista y restrictivo de los derechos y libertades de las personas con problemas de salud mental”.
Es por ello, que Adiem se suma a las reivindicaciones de SALUD MENTAL ESPAÑA:
- Promocionar el empleo pleno y digno en personas con problemas de salud mental.
- Facilitar recursos e información adecuados para que la inserción sea posible.
- Alcanzar un 2% en la cuota reservada para discapacidad psicosocial en la Administración pública.
- Impulsar las figuras de agente de apoyo mutuo y asistente personal en la cartera de servicios de salud, como oportunidad laboral.
- Concienciar a las empresas sobre la generación de empleo digno para personas con problemas de salud mental, promoviendo una contratación justa.
- Crear condiciones laborales que rompan con la brecha salarial, en puestos de trabajos cualificados, acordes al conocimiento, capacidad y experiencia de la persona, sin perder de vista la perspectiva de género.
- Evitar la discriminación, el estigma y el paternalismo en el lugar de trabajo, partiendo de órganos de selección capacitados.
- Dotar a la persona de los apoyos necesarios en el puesto que desempeñe.
El objetivo de la inclusión laboral exige facilitar al colectivo de personas con problemas de salud mental todos los apoyos necesarios que potencien el ejercicio de sus derechos, tomen las riendas de sus vidas y encabecen, en primera persona, iniciativas, acciones y propuestas.
El compromiso de Fundación Adiem con el empleo
Fundación Adiem demuestra un compromiso firme y sostenido con la inclusión laboral de las personas con problemas de salud mental, entendiendo el trabajo no solo como un medio de sustento económico, sino como un pilar esencial para la rehabilitación integral y el desarrollo de un proyecto de vida digno y autónomo. A través de iniciativas como el Servicio de Intermediación Laboral y Fomento del Empleo (SILFE), la Fundación trabaja para derribar las barreras que dificultan el acceso al empleo para este colectivo, ofreciendo acompañamiento personalizado, formación especializada, prácticas laborales y refuerzo de habilidades personales y sociales.
Consciente del estigma aún presente en torno a la salud mental, Adiem también participa activamente en campañas de sensibilización como “Trabajar sin Máscaras, Emplear sin Barreras”, impulsada por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. Esta campaña pone el foco en combatir prejuicios y promover entornos laborales inclusivos, demostrando que las personas con problemas de salud mental tienen capacidades laborales plenas y pueden aportar valor real a las empresas si se les ofrece la oportunidad.
Además, la Fundación participa en programas europeos como UNO A UNO PIN 2024-2025, cofinanciado por el Fondo Social Europeo+, que refuerzan su apuesta por mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad psicosocial, y cuenta con SENTIT, un centro especial de empleo que se rige por principios de economía social y se dedica a la contratación directa de este colectivo, generando oportunidades reales a través de servicios profesionales y de calidad.
En definitiva, Fundación Adiem no solo defiende un modelo de empleo inclusivo y libre de estigmas, sino que trabaja día a día para construirlo, promoviendo una sociedad más justa en la que la salud mental se comprenda, se respete y se integre como parte fundamental del bienestar y los derechos laborales de todas las personas.